06 julio 2017

La propuesta es de iniciativa de los asambleístas Amapola Naranjo y Jorge Yunda. A través de ella se pretende dinamizar las plazas de trabajo del artista nacional.

Reconocidos artistas ecuatorianos como Paco Godoy, Grupo Verde 70, La Vagancia, Los Titos, Juan Fernando Velasco, Papá Changó, Paulina Tamayo, entre otros, acudieron a la Asamblea Nacional para opinar acerca de las reformas de la Ley de Cultura. El asambleísta Jorge Yunda, junto a Amapola Naranjo, les explicó los alcances de la normativa.

En esta reunión de trabajo también participaron los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Ángel Torres; y del Ministerio de Cultura, Carlos Espinoza y Ronald Verdezoto, entre otros actores sociales, quienes respaldaron la iniciativa que busca desarrollar el empleo artístico del país.

Jorge Yunda expresó que la propuesta apunta a que, de los recursos públicos para la contratación de artistas, se destine el 50 % a los artistas ecuatorianos y el otro 50 % a extranjeros, para dinamizar las plazas de trabajo.

Además, la propuesta también va encaminada a estimular la contratación de artistas con acompañamiento musical en vivo.

Para el cantautor Juan Fernando Velasco, la normativa posibilita un crecimiento del artista y puede cambiar la cara de la industria musical ecuatoriana. Le preocupa que en el porcentaje del 50 % no esté incluido el rubro para el equipamiento técnico.

“Toda la iniciativa es muy buena”, resaltó Andrés, del Grupo Papá Changó, quien también pidió poner énfasis en la regulación de la contratación a un mismo artista. “Hay grupos musicales que están en auge, que tienen mucha promoción, pero su contratación debe rotar o ser alternativa”, indicó.

Geovanny, de La Vagancia, está de acuerdo en no quitar el trabajo al solista, pero hay que apuntar a los grupos. En tanto, Paco Godoy apuesta por el equilibrio y que no salga el dinero del país.

Mientras que Ángel Torres, en representación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, recordó que asignar recursos para festividades es, generalmente, objeto de sanción pecuniaria o culposa civil por parte de la Contraloría, quien prohíbe utilizar fondos públicos con esos fines.

“Los alcaldes buscan apoyo de las empresas privadas para financiar las actividades que tienen relación con la celebración del aniversario de cantonización”, explicó.

 

ASAMBLEA NACIONAL

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