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19 febrero 2021

Comisión de Justicia prioriza aprobación del informe del proyecto que combate el comercio ilícito

Previo a la definición del informe de segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, la Comisión de Justicia, en la sesión 147, receptó las opiniones de catedráticos y expertos de la región.

El legislador José Serrano, titular de la mesa, indicó que en los próximos 20 días se espera que esta propuesta ingrese ya a conocimiento y decisión del Pleno de la Asamblea, dada la transcendencia que tiene en la lucha contra el contrabando y tráfico ilícito de bienes que está destruyendo a nuestro país.

“Hay un gran listado de quienes aparentemente actuan con legalidad, pero que viven  al mismo tiempo una ilegitimidad en torno de sus actividades económicas. Muchos comercios, supermercados y distribuidoras viven de la ilicitud, camuflados en una falsa legalidad, aprovechándose de todos los ecuatorianos”, mencionó.

El objetivo de la Comisión es que esta importante norma sea una realidad en el menor tiempo posible, para  generar mayores protecciones a nuestra producción nacional y a quienes realizan actividades de comercio, producción, exportación e importación legales, enfatizó. Es fundamental establecer una verdadera institucionalidad para enfrentar la problemática, con política pública efectiva y eficiente, sostuvo. 

A criterio del legislador Rodrigo Collaguazo, es indispensable combatir a las grandes mafias de contrabando, especialmente en los puertos y aeropuertos por donde saldría el 80 % del comercio ilegal, para cuyo efecto se requiere mayor coordinación interinstitucional e internacional. En tanto, el parlamentario Héctor Muñoz aseveró que la Ley no está, de ninguna manera, en la línea de modificar, bajar o eliminar tributos a favor de la industria tabacalera.

Delitos por incremento patrimonial

Javier Bustos, master en Derecho de Negocios, Hacienda Pública y Administración Tributaria; habló de la necesidad de tipificar lo que son delitos por el incremento patrimonial no justificado, acogiendo las directirces de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que entrará en rigor en los próximos meses. 

Planteó que se abra espacio a la cooperación eficaz para reducir penas en temas de contrabando, que permita llegar a la cabeza de la estructura y desmantelarla.

Xavier Andrade, profesor de derecho penal, procesal penal en pregrado y posgrado en universidades ecuatorianas y extranjeras, solicitó revisar el tema de inhabilitación para el ejercicio del cargo, empleo u oficio y la pena privativa de prisión para sancionar a quien comete un delito de defraudación o contrabando, respetando el principio de proporcionalidad.

Convenios internacionales

Daniel Dorado, director Internacional para América Latina de Políticas Públicas (CILA), recordó que Ecuador es signatorio del Convenio Marco para el control del Tabaco y el Protocolo para el Comercio Ilícito para Productos de Tabaco, los cuales establecen reglas puntuales en relación a conductas ilícitas, incluidos los delitos penales. 

Coordinación

A su vez, Blanca Llorente, experta internacional de la Fundación Anáas-Colombia, llamó a fortalecer los mecanismos de coordinación entre países, no solo en campo para redadas, sino en la coordinación a nivel de inteligencia, de compartir información generada por fuentes independientes y confiables que triangulen los datos que surgen desde salud con los de recaudación y la información que manejan los organismos que hacen control de aduanas.

El problema está en la ausencia de armonización entre el sistema de control de la administración tributaria y la aduanera, precisó.

Trazabilidad

Según Tatiana Villacrés, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para contrarrestar el contrabando es importante mejorar los controles existentes, que son ejemplo en la región.

Finalmente, Guillermo Paraje, docente de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile, expuso que a la industria tabacalera poco o nada le importa la salud de la población y la evasión de impuestos que provoca  el comercio ilícito. Urge implementar políticas valientes y consistentes para proteger la salud de la gente, puntualizó.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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