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19 febrero 2021

Comisión establece directrices para cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes

La Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia revisó y aprobó algunos artículos del Libro III, del Sistema Descentralizado de Protección Integral que establece medidas de protección administrativas, judiciales, así como acciones destinadas a garantizar el ejercicio y exigibilidad de sus derechos. En esta oportunidad los parlamentarios establecieron directrices para cuidados alternativos, los programas de acogimiento familiar; y agregaron algunos artículos de esclarecimiento de la situación social y legal de niñas, niños y adolescentes.

Fueron más de 30 artículos analizados en la sesión virtual de este jueves, 18 de febrero, con la participación de Poema Carrión, representante de la Red Convivencia. Para continuar con el análisis de la matriz del articulado, la mesa legislativa resolvió reunirse el viernes 19 de febrero, desde las 08h00.

Articulado

En las directrices generales para las medidas de protección de cuidados alternativos, los parlamentarios agregaron que durante la permanencia de una niña, niño o adolescente en cualquiera de las modalidades de cuidados alternativos, con excepción del alojamiento independiente tutelado, se deberá propiciar la reinserción a su familia nuclear y, cuando esto no sea posible, la reinserción a su familia ampliada. Si ninguna de las dos es posible se deberá gestionar e impuslar el proceso de declaratoria de adoptabilidad para garantizar su derecho a la convivencia familiar.

Se estableció que las medidas de cuidados alternativos deberán ejecutarse en un espacio físico idóneo, previamente calificado para el efecto por la autoridad competente; en un espacio físico que permita que las niñas, niños y adolescentes participen de la vida comunitaria y puedan utilizar todos los servicios que esta ofrece, entre otros aspectos.

Determinaron que el Consejo Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes evaluará y controlará la implementación de la política pública de cuidados alternativos y, de ser el caso, sancionará su incumplimiento.

En el marco, de las resposnabilidades de niñas, niños y adolescentes, la legisladora Gabriela Larreátegui indicó la necesidad de incluir un artículo por el cual se garantice el derecho que tiene este grupo de personas a denunciar cualquier tipo de violencia ejercida en su contra. Paoma Carrión precisó que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) debería establecer mecanismos adecuados para dar seguimieno y acompañamiento psicológico, a través de espacios de diálogo y relacionamiento de protección especial.

Otro tema que generó amplio debate fue lo referente a los responsables del acogimiento familiar que se ejecutará a través de entidades de atención autorizadas por el  MIES. Precisaron que todo el proceso de calificación de familias acogientes está a cargo de las Unidades de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes; y la acredictación es responsabilidad del MIES que debe establecer los requisitos para calificar a las familias.  

La mesa legislativa agregó artículos sobre la definición del esclarecimiento de la situación  personal, social, familiar y legal de las niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar que tiene como fin la restitución de su derecho a vivir con su familia y, cuando ello contradiga a su interés superior, se garantice su derecho a convivir con otra familia.

Este proceso estará a cargo de la Dirección de Servicios de Protección Especial del MIES. La finalidad es aclarar, en el menor tiempo posible, la situación de la familia biológica: nuclear o ampliada de las niñas, niños o adolescentes para restituir su derecho a vivir en una familia que brinde la garantía de sus derechos y la no vulneración de los mismos.

Además, determinaron las obligaciones de las entidades de atención de prevención de la separación familiar, de cuidado alternativo y acogimiento institucional. Así mismo, las responsabilidades de juezas y jueces respecto al esclarecimiento de la situación legal, social y familiar de las niñas, niños y adolescentes privados del medio familiar o en riesgo de estarlo.

Respecto del alojamiento independiente tutelado, estableceiron que es una medida de protección que se dicta en favor de una o un adolescente, de entre 15 y 17 años de edad, para garantizar su protección, a través de un acompañamiento en su proceso de crecimiento, maduración, despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones; en un entorno social y comunitario de afectividad y seguridad.

La Comisión ocasional ampliará el análisis sobre el personal que atiende en el acogimiento. Se dijo que es importante garantizar que, especialmente aquel que conforme el equipo técnico y de cuidado, cumpla con estándares de profesionalización y de especialización en materia de derechos de la niñez y adolescencia, y de protección especial.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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