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14 mayo 2020

Debate de Ordenamiento de Finanzas Públicas se centró en el respeto a la autonomía de Seguridad Social y GAD

La Asamblea Nacional debatió, en segunda instancia, el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, con cambios en relación con la propuesta del Ejecutivo, principalmente para que se respete la autonomía de la Seguridad Social y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Intervinieron 31 asambleístas en ocho horas de debate.

Hoy, la segunda jornada de trabajo se reinició con la ponencia del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, quien enfatizó que más del 80 % de la normativa fue modificada con los aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como de diversos sectores sociales, lo cual permitió construir una nueva ley.

Manifestó que la Comisión blindó la autonomía e independencia administrativa y financiera de los GAD y de las entidades de la Seguridad Social, reestructuró artículos del texto original relacionados con la clasificación del sector público para que guarden armonía con la Constitución. Además, se evitó que el Ministerio de Finanzas concentre más poder y controle de forma arbitraria la planificación, formulación, definición, limites, metas y fines fiscales, régimen sancionatorio, anticipos en contratación pública, mencionó.

Mendoza reiteró que en la nueva propuesta legal se crea un sistema que registra información real y detallada para que las decisiones en materia política fiscal y planificación de las finanzas públicas puedan tener un sustento técnico. En cuanto a la estabilidad y ahorro, señaló que se estableció el porcentaje máximo de asignación para contingencias, respetando las asignaciones a los GAD y a los sectores prioritarios y se crea un fondo para garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas con los excedentes petroleros. Esta es una ley que genera recursos para salvar vidas, añadió.

Autonomía

En el debate, varios parlamentarios señalaron que el informe trabajado por la Comisión de Régimen Económico respeta las autonomías, rechazando la posición del Ejecutivo sobre esta materia. Indicaron que en el articulado se dispone que el Ministerio de Finanzas respete la autonomía de las entidades de la seguridad social y no podrá usar sus fondos porque son distintos de los del Gobierno Central, es decir, no son parte del Presupuesto General del Estado.

Además, dijeron que en el informe del proyecto se establece con claridad que las entidades como el IESS debe definir sus propios presupuestos; y, se determina con claridad que el Estado entregará de manera oportuna las asignaciones a los organismos seccionales.

Se precisó que quienes no buscan finanzas públicas con ordenamiento transparente, técnico y responsable, de manera maliciosa atacan al informe del proyecto, insinuando que el mismo afectaría la seguridad social.

Así mismo, algunos parlamentarios manifestaron que en la propuesta legal solo hay un intento por articular lo que manda la Constitución en materia de autonomía, pero se deja abierta la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas pueda meter la mano en los fondos de la Seguridad Social al permitir que estas entidades formen parte del sector público no financiero. Solicitaron que se debe derogar del artículo 2 el literal c) del proyecto.

Igualmente, demandaron aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un sistema transparente y que blinde sus fondos para que nadie los toque.

Disciplina fiscal

Algunos asambleístas destacaron el trabajo realizado por la Comisión de Régimen Económico. El proyecto es urgente en la medida de que el país ya no aguanta más el despilfarro de recursos y desorden financiero, anotaron. Coincidieron en que es momento de poner en orden la casa para que exista manejo prudente de la economía ecuatoriana.

Expresaron que la nueva norma implementa reglas fiscales para un manejo responsable, sostenible y eficiente de los recursos públicos, así como se determina la asignación de recursos para contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales que no podrá ser superior al 3 % del gasto total del Presupuesto General del Estado (PGE), sin que afecte los recursos para los GAD, ni las asignaciones a sectores prioritarios. Se destacó la modificación del PGE hasta el 5 %, que no podrá superar los límites de las reglas fiscales.

En una postura contraria, otros legisladores señalaron que el proyecto está lejos de ser urgente en materia económica, no ordena las finanzas públicas, genera discrecionalidad en torno a las autonomías, no hay transparencia en la deuda pública, hay centralismo de poder, es inconstitucional y antitécnico, por lo que pidieron su archivo.

Comité de Coordinación Fiscal

En cuanto a la creación del Comité de Coordinación Fiscal, mencionaron que el proyecto original planteaba que esté integrado por siete miembros, pero ahora la Comisión propone su integración con 11, agregando a un representante del Banco Central, de los municipios, de las prefecturas, de las parroquias, de cada una de las entidades de la seguridad social, de las empresas públicas; y, de la Asamblea Nacional, no solo está conformado por representantes del Ejecutivo, entre todos definirán las metas fiscales sectoriales para el ámbito público.

Fondo de estabilización

Se destacó que creación del Fondo de Estabilización porque permitirá garantizar la estabilidad económica, la sostenibilidad de las cuentas públicas o la capacidad de egresos en la educación y salud, pero no debe utilizarse coyunturalmente por parte del gobierno de turno. Indicaron que el Fondo no solo debe alimentarse de los excedentes del barril de petróleo sino con otras fuentes de financiamiento como por ejemplo la venta de bienes del Estado y para garantizar su transparencia debe manejarse como fideicomiso mercantil.

Cetes y Notas de Tesoro

En el debate, los parlamentarios indicaron que las Notas del Tesoro reemplazarán a los Certificados de Depósito solamente para administrar deficiencias temporales de caja, hasta el monto que este fije anualmente, que no podrá superar el 8 % de los gastos totales del PGE, se hace necesario que su negociación respete el principio de menor costo, transparencia y estandarización establecidos por ley.

Pidieron incluir una transitoria sobre las Notas del Tesoro para que el Banco Central pueda establecer una plataforma de transacciones para valores emitidos en el sector público, en un plazo de 120 días. También indicaron que las transacciones de título valores se lo haga a través de las plataformas digitales existentes (Bolsa de Valores y Banco Central) y cuente con un acceso para cualquier persona natural o jurídica que requiera hacer transacciones bursátiles.

Nuevas propuestas

Los parlamentarios plantearon la necesidad de incluir en el proyecto una reforma a los artículos 17 y 31 de la Ley de Hidrocarburos, en razón de que existen cambios esenciales en materia petrolera y de recursos naturales no renovables, a fin de que las empresas puedan cambiar la modalidad de contratación.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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