Ministerio de Gobierno junto con GAD de Zaruma y Portovelo harán seguimiento a minería ilegal

En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, recordó que la actividad minera en Zaruma-Portovelo se realiza desde hace más de un siglo. La actividad dejó abierta múltiples galerías, chimeneas y cámaras, cambiando sustancialmente las propiedades físicomecánicas del sustrato rocoso. Posterior a ello se desarrolló un sinnúmero de galerías excavadas sin ningún ordenamiento minero de carácter técnico, agravándose con la intervención de mineros informales e ilegales. 

Precisó que se requiere un control integral de toda la cadena de valor de oro, en cuanto a producción, transporte y comercio de minería legal, pero a su vez, promover un desarrollo productivo con miras a fomentar, por ejemplo, el turismo.

Pazmiño dijo que, en el ámbito de seguridad, en Zaruma se ejecutaron dos ejes. Por un lado, el preventivo, con 693 operaciones, dando como resultado 75 detenidos. De otro lado, el investigativo con un total de 10 detenidos. Dijo que desde el Gobierno se propone la ampliación de la zona de exclusión minera a 370 hectáreas (antes 215), a fin de disminuir riesgos a la estabilidad de la zona, debido a nuevas concesiones.

De inmediato, Jhansy López, alcalde del cantón Zaruma, dijo que hay actividades que se desarrollan por parte del Ministerio de Gobierno, pero sigue habiendo mineros ilegales y es difícil el control en algunas zonas de la parte periférica. En cuanto a la ampliación de la zona de exclusión minera, indicó que tiene que ser en base a un análisis técnico y socializado con la población y el sector.

Paulina López, alcaldesa del cantón Portovelo, insistió en la devolución de las regalías mineras, coincidió con el alcalde de Zaruma en que los operativos no son suficiente para  controlar la minería ilegal.

El ministro Pazmiño dijo que la ampliación de la zona de exclusión minera está en trámite y se comprometió a realizar intervenciones de forma periódica, con el concurso de los gobiernos autónomos descentralizados de Zaruma y Portovelo, para combatir la minería ilegal que requiere de un control integral.

Contaminación petrolera

La Comisión de Biodiversidad también fiscalizó la contaminación por derrame de petróleo en las provincias de Sucumbíos y Napo, especialmente, la afectación a la comunidad 18 de noviembre. Su representante, Fernando Ajila, a través de un video demostró la afectación por la contaminación petrolera, ocasionada el 10 y 17 de noviembre de 2020, en los ríos Itaya, Napo y sus áreas de influencia. Aseguró que son 470 familias las afectadas.

El asambleísta Fredy Alarcón recordó que este miércoles, 9 de diciembre, junto con los legisladores Eddy Pañafiel y Alberto Zambrano realizarán una visita in situ para verificar el grado de afectación por la rotura de la tubería por donde se transporta el crudo hacia la estación de Petroamazonas.

Entre tanto, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, indicó que los hechos no generaron afectaciones a terceros. Los dos casos están relacionados a emergencias generadas dentro del derecho de vía de ductos principales o secundarios para transporte de hidrocarburos.

Autoridades y personal técnico de Petroamazonas detallaron el seguimiento y control en casos de emergencias ambientales. Explicaron los procesos de compensación social, la infraestructura de reparación, cambios de tramos de tubería y demás acciones ejecutadas tras los eventos ocurridos en Shushufindi.

Los funcionarios concluyeron que las actividades de la industria hidrocarburífera pueden generar impactos que se encuentran identificados en los planes de manejo ambiental y mediante su ampliación se genera la acción inmediata. A la fecha, la limpieza de los eventos ocurridos en noviembre se encuentra 100 % concluida, además existe la presencia de técnicos del Ministerio de Ambiente para el muestreo final con un laboratorio acreditado, señalaron.

Según las explicaciones generadas, los dos eventos no generaron afectación a cuerpos hídricos. El uno ocurrió a 283 metros respecto del río Itaya; el segundo, a 17 kilómetros del río Napo.

Los parlamentarios dijeron que hay dos versiones que se han presentado en la mesa legislativa, de los representantes de la comunidad 18 de noviembre y las autoridades de Recursos Naturales no Renovables y Petroamazonas. La visita al territorio será fundamental para verificar quién tiene la razón, pero lo más importante es llegar a acuerdos para encontrar soluciones, coincidieron.

Ecu 911

Juan Zapata, director de Ecu 911, compareció en la Comisión de Biodiversidad para explicar  los servicios integrados de seguridad en las provincias de la Amazonía, detalló el modelo nacional, estructura operativa, mecanismos de alerta y distribución de centros zonales. Informó que, de conformidad con los registros, el 51 % de alertas corresponden a la Costa; el 44 %, a la Sierra; y el 4.6 % a la Amazonía.

Dijo que el Ecu 911 es el responsable del protocolo para servicios de emergencia y seguridad, en coordinación y colaboración de los servicios del sistema en el que participan el Ministerio de Salud y el IESS. Dijo que está en proceso las acciones para que todos los Cuerpos de Bomberos se incorporen a la red. Mencionó que es necesaria la compra de más ambulancias y exhortó a las unidades locales para la suscripción de convenios.

Comparecencias

La mesa de Biodiversidad resolvió citar a los ministros de Ambiente y Agua, Relaciones Exteriores, Defensa, a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, para que informen sobre el ingreso ilegal y continuo de madereros de nacionalidad peruana a las áreas protegidas de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y del Parque Nacional Yaduni.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL