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23 febrero 2021

Parlamentarios revisaron procedimientos de protección integral para niños y adolescentes

La Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia concluyó el estudio del articulado del Libro III. Los parlamentarios determinaron los procedimientos para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, con la debida política pública que toma en cuenta la primera infancia y a las personas con discapacidad; así como, los tiempos para el procedimiento administrativo y judicial; la obligación de los operadores de justicia especializada; deberes del Estado para la erradicación del trabajo infantil y de la violencia en todas sus formas, entre otros aspectos.

La presidenta de la Comisión, Encarnación Duchi, indicó que luego de la revisión de la matriz de los cuatro libros que forman parte del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta fines de febrero, se podría entregar el informe para segundo debate.

En la sesión virtual de hoy, dos temas generaron amplio debate. Por una parte, la obligación del Estado con niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de femicidio; y por otro, con niñas y adolescentes madres sobrevivientes de violación e incesto.

Respecto de las víctimas indirectas de femicidio, los parlamentarios consideraron oportuno que el ministerio encargado de asuntos de inclusión económica y social asigne una transferencia monetaria mensual que será entregada a la persona responsable de su cuidado. Dicha reparación económica será equivalente a la base de la tabla del régimen de protección económica. Aclararon que estos recursos no sustituyen la obligación de los responsables principales y subsidiarios del Régimen de Protección Económica.

Respecto de las madres sobrevivienttes de violación e incesto, señalaron que es de vital importancia que el Estado, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social implemente medidas de acompañamiento y protección integral, además, de una transferencia monetaria equivalente al valor máximo del Bono de Desarrollo Humano con componente variable para la madre; y uno para el niño o niña que nace en estas condiciones, equivalente a la pensión de un recién nacido dentro del primer nivel del Régimen de Protección Económica.

Procedimiento administrativo

Entre otros aspectos, la mesa legislativa determinó que en ningún caso, el procedicmiento sustanciado ante las juntas especializadas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes podrá durar más de 30 días hábiles; la obligación del Sistema Judicial  de receptar denuncias de niños y adolescentes, sin que se requiera la compañía o representación de una personas mayor de 18 años, a fin de activar medidas de protección ante las autoridades competentes.

Además, que los operadores de justicia especializada deben escuchar  e incluir la opinión de niñas, niños y adolescentes en cualquier etapa de los procesos judiciales sean de carácter administrativo, civiles, penales o de cualquier otra índole. El incumplimineto de esta obligación acarreará sanciones de tipo administrativo e incluso penales.

Procedimiento Judicial

La Comisión resolivó que la notificación de las medidas de protección se realizará máximo en el término de un día siguiente al otorgamiento de estas, a la persona o institución que presuntamente puso en riesgo o vulneró un derecho de una niña, niño o adolescente. La audiencia única se realizará dentro de dos días siguientes a la notificación para mantener, ampliar, sustituir o revocar las medidas de protección. En ningún caso el procedimiento sustanciado ante los jueces competentes podrá durar más de 30 días hábiles.

Como un avance normativo, los parlamentarios agregaron que las resoluciones deberán emitirse en idioma o lengua castellana y, a petición de parte cuando una de estas no hable idioma o lengua castellana, deberá ser traducida al idioma o lengua que corresponda. De la misma forma, a petición de parte y cuando una de estas tenga discapacidad auditiva o visual, la o el juez garantizará los medios o el intérprete necesario.

Política pública

Los asambleístas revisaron y aprobaron textos sobre la política pública de protección integral para niñas, niños y adolescentes, con planes de acción en todos los niveles de gobierno, anclados al Plan Nacional del Buen Vivir que toma en cuenta la existencia de responsabilidades familiares, el vínculo afectivo; y en general, su desarrollo integral.

Así mismo, se aprobó textos sobre el derecho a la información; las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen; políticas de prevención y erradicación de la violencia en todas sus formas contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo a las personas con discapacidad; la erradicación del trabajo de quienes no han cumplido 15 años, fuera de los casos permitidos en este Código, entre otros temas.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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